Patagonia Invisible

Lahoud Gustavo «Por muy poco dinero podemos quedarnos con el 49% de las acciones que faltan de YPF»

La petrolera nacional vale hoy un 60% menos que a comienzos de año, en medio de un parate en la actividad de Vaca Muerta. Surgen diferencias en el Gobierno. El especialista Gustavo Lahoud, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), aseguró que se trata de una «oportunidad única» para «recuperar la renta hidrocarburífera».

Con un desplome global del precio del petróleo, el barril Brent cerrando en u$s26 -después de haber iniciado el año en u$s60- y el mercado de contratos WTI marcando un insólito valor negativo de u$s -37, el Gobierno argentino enfrenta por estas horas una fuerte presión de las operadoras, las provincias y los gremios petroleros para fijar un precio sostén de hasta u$s54.

La idea se discutió en los equipos técnicos del PJ, un espacio que colaboró con el programa del Frente de Todos en las elecciones, aunque ahora aseguran que están abocados a la discusión del «barril criollo». Al menos por ahora, casi nadie se anima a asumir esa postura abiertamente dentro del Gobierno, pero ya es un tema en los despachos de los funcionarios.

Ese es el caso del informe elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, y Gustavo Lahoud, miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) presidido por el economista. Allí se plantea que la coyuntura actual ofrece una «oportunidad única» para retomar el rol rector de la compañía insignia en materia energética y «recuperar la renta hidrocarburífera», un proyecto visto con simpatía en algunos sectores kirchneristas.

Uno de los factores favorables sería la fuerte caída del petróleo en medio de las tensiones en los países de la OPEP y el desplome de las cotizaciones de las principales empresas del mundo provocado por la pandemia. Ese combo golpeó también a las acciones de la petrolera argentina en EE.UU., que cerraron el lunes en baja a u$s3,77, luego de tocar el 18 de marzo los u$s2,31, su nivel más bajo desde su salida a la bolsa en 1991. Así, la compañía vale hoy u$s1.483 millones, un 60% menos que a principios de año.


«En esta emergencia, podemos aprovechar la coyuntura donde los papeles de YPF han caído a valores realmente irrisorios y por muy poco dinero quedarnos con el 49% de las acciones que faltan, y al mismo tiempo transformarla en una empresa de carácter público y un instrumento de planificación en el sector energético», aseguró a Lozano


Desde el 2012, el Estado controla el 51% de las acciones de la empresa, mientras que el 49% restante cotiza en la bolsa de Buenos Aires y en el mercado de acciones de Nueva York. La expropiación a la española Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner implicó el pago de unos u$s5.000 millones, en momentos que la petrolera tenía un valor total cercano a los u$s11.000 millones, y la designación de directores estatales bajo la figura de una sociedad anónima inaugurada por la privatización de 1992.

Ahora, Lozano sostiene que Alberto Fernández debe recomprar la porción restante. Se trata de una tenencia valuada en más de u$s700 millones distribuida entre 223 fondos institucionales y de inversión. En efecto, los primeros diez accionistas institucionales y los primeros diez accionistas de fondos de inversión detentan el 30,96% del 49% en manos de agentes privados.

La operatoria -creen en el IPyPP- podría realizarse mediante una oferta hostil para adquirir el paquete accionario, en su mayoría controlado por firmas estadounidenses. Según los datos actualizados al 30 de diciembre de 2019, el mayor tenedor institucional es Wellington Management Company LLP, uno de los principales fondos mutualistas de Estados Unidos, con casi 10,3 millones de acciones por u$s119,22 millones, el 5,98% de las acciones en circulación.

En el segundo puesto, se ubica BlackRock Inc., la administradora de fondos más grande del mundo comandada por Larry Fink, que posee 9,77 millones de acciones por u$s113,09 por el 5,67% de los papeles en circulación. Y el tercer lugar lo ocupa Investment Partners L.P., con 8,74 millones de acciones por un valor del orden de $101,26 millones, equivalente al 5,08% de las tenencias.

Hay otro dato que alimenta las expectativas de recuperar la compañía fundada en 1922: BlackRock es uno de los acreedores privados de la Argentina y está teniendo algunos problemas. Con más de u$s1.500 millones en títulos de deuda local, el fondo reportó una caída del 23% en sus ingresos durante el primer trimestre del año por las turbulencias en los mercados. Y ya redujo su exposición en YPF ante el fracaso de las expectativas puestas en Vaca Muerta.

Sucede que el segundo mayor reservorio en el mundo de gas no convencional (shale gas) y el cuarto de petróleo no convencional (shale oil) hoy funciona al 20% del año pasado y las empresas prevén un recorte del 40% en sus inversiones. En este escenario, la petrolera podría formar parte de una negociación más amplia. «El Gobierno podría negociar con esos accionistas que participan de la renegociación de la deuda para que terminen de desinvertir en la petrolera», evaluó Lahoud.

Bajo esa premisa, Argentina no haría algo muy diferente de Francia, Gran Bretaña y Alemania, donde la energía es una materia de fuerte intervención estatal. Pero en un marco de fuertes restricciones fiscales, los impulsores del proyecto reconocen que su éxito depende en última instancia de una revisión de la política económica, incluyendo el sistema impositivo y el entramado energético.

«Esta discusión la ponemos en marcha junto con otros elementos en el reparto de las responsabilidades; que el Estado ponga u$s700 millones es solo viable si se rediscute el poder económico en Argentina», aseguró el asesor de Lozano.

Por lo pronto, el CEO de la compañía, Daniel González, ya anunció una reducción drástica de la producción para este año, luego de las pérdidas registradas por $33.379 millones en el tercer trimestre de 2019 debido al deterioro del valor de sus activos, la situación macroeconómica y la baja del precio del gas. La idea ahora es absorver el rojo acumulado a fines del año pasado y con el remanente constituir reservas para la compra de acciones propias, futuras inversiones y la distribución de dividendos.

El tema será puesto a consideración en la asamblea virtual prevista para el 30 de abril a las 11. Asimismo, entre las propuestas a los accionistas, se aprobará el pago de $75 millones al directorio en concepto de remuneraciones por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre y se formalizará el ingreso de Héctor Recalde, Celso Jaque y Ramiro Manzanal, en reemplazo de los directores salientes de la gestión anterior.

¿Cuánto vale YPF?

Para los analistas de mercado, son varios los factores que hay que seguir de cerca a la hora de evaluar las perspectivas de YPF. «La acción está muy por debajo de sus valores promedios de los ´90 para acá, que en promedio era de u$s30, a finales de 2017 estuvo en u$20 y luego empezó la debacle por lo que hoy vale menos que en 2001, sin hacer ajuste por dividendos», asegura el analista Maximiliano Suárez.

«Hoy es un mal momento y hay que saber cuáles son los factores de riesgo asociados», advirtió.

En primer lugar, aparecen los juicios por la expropiación en el 2012 iniciados por el grupo Petersen y el fondo estadounidense Eton, y la compra por parte de la empresa argentina en 1995 de Maxus Energy Capital, una firma de Estados Unidos que arrastraba reclamos por contaminación ambiental. Los dos litigios podrían sumar más de u$s19.000 millones, una cifra que representa 12 veces el valor de mercado de la petrolera.

Otro de los riesgos es la evolución del consumo de combustibles así como la disociación entre el precio interno y el internacional, junto con el nivel del tipo de cambio.

«No es lo mismo tener el precio del barril en dólares pero atado al tipo de cambio oficial que disponer libremente de los dólares, en ese caso te garantiza un precio y te va a tener en cuenta el dólar oficial y no las cotizaciones paralelas, podés llegar complicado si el oficial se queda rezagado como ocurrió hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner», explica Suárez.

Por último, YPF enfrenta vencimientos de deuda bastante abultados entre 2020 y 2024. Los créditos se ubican en torno a los u$s8.500 millones, un nivel insostenible en el tiempo. Y se complica salir a buscar financiamiento a los mercados con un índice de riesgo país por encima de los 3.800 puntos básicos.

«Tenemos caja para asegurar nuestras operaciones, pero se vienen tiempos dificilísimos; no puedo dejar de enfatizar la importancia de cuidar los costos y minimizar los gastos lo más que se pueda para proteger la compañía», reveló el CEO de YPF a fines de marzo.

Con todo, Suárez asegura que el gigante energético también ofrece fortalezas:

Es una empresa emblema y estratégica para el país, demasiado grande para caer («too big to fail»).

La situación recesiva del país pasará tarde o temprano.

El precio del petróleo se reacomodará en cuanto se recuperen las condiciones de oferta y demanda internacional.

El precio de la acción está por debajo del promedio histórico.

Así, en un escenario de recuperación de la actividad, la empresa podría llegar a recuperar una capitalización aproximada de u$s11.000 millones en el mediano plazo, casi la mitad del pico máximo alcanzado en 2005, cuando su valor orilló los u$s21.000 millones. «Difícilmente la dejen caer, es demasiado importante y en el largo plazo se va a recuperar», pronosticó Suárez.

La pelea por el barril de petróleo

El cambio abrupto de escenario modificó los planes de la operadora y sus autoridades todavía siguen analizando los próximos pasos para frenar un mayor deterioro de «las joyas de la abuela». ¿Qué piensan hacer ante el derrumbe de las acciones? «Es el día a día», respondieron a iProfesional desde la firma.

Lo que está claro es que en el oficialismo no hay consenso hoy para avanzar en una reestatización completa de YPF. Por el contrario, el Gobierno se encuentra embarcado en negociaciones con operadoras y refinadoras para reponer el barril criollo, una política que instrumentó el gobierno de Cristina Kirchner a fines de 2014 y que se extendió hasta octubre de 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es quien definirá el número que podría cerrarse en torno a los u$s40. Las provincias le habían pedido un barril de u$s54 al secretario de Energía, Sergio Lanziani, y las operadoras bajaron en los últimos días a u$s45. Las refinadoras, en cambio, no pagarían más de u$s37. Pero Kulfas enfrenta resistencias internas: preocupado por la caída de ingresos, el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, sostiene que el valor de «equilibrio» es insostenible.

En medio de la puja, el director del Banco Nación llamó a debatir los costos de todo el sector hidrocarburífero y denunció «un nuevo episodio de presión corporativa en un contexto de emergencia, con el único objetivo que el gobierno liderado por Alberto Fernández ceda a la instauración de una política diferencial de precios dolarizados».

En su informe titulado «La cuestión petrolera en el marco de la emergencia ¿Barril criollo? ¿Otra vez sopa?» adviete que hay un lobby «para salvaguardar las rentabilidades de las empresas y para «sostener» con nuevas trasferencias públicas y de los ciudadanos el horizonte productivo de Vaca Muerta que, en este contexto internacional, regional y local aparece como una apuesta casi suicida».

Del informe presentado por YPF en el 2018 en el denominado Informe F201, que anualmente se presenta a principios de cada año ante la Security and Exchange Commission (SEC) de Nueva York, se desprende que la petrolera concentra el 46,4% de la producción de petróleo y el 37,4% de la producción de gas. Los datos muestran asimismo que el costo promedio de producción fue de u$s16 por barril y el costo final un u$s19,2, después de agregar un markup del 20% como ganancia normal.

La compañía informó en ese mismo reporte una producción consolidada en barriles equivalentes de petróleo de 179 millones y tomó un tipo de cambio promedio en la cotización del dólar de $29,32.

Sobre estos costos del eslabón upstream, el IPyPP procedió a la estimación de las rentas desagregadas, tomando las referencias presentadas para los precios promedio de venta de crudo y condensados expresados en pesos por barril y luego convertidos a dólares. Ese valor es de $1.774,87, que son u$s60,5. A este valor se le detrae el costo de producción más el markup de u$s19,2 y se obtienen u$s41,3 por barril equivalente de petróleo.

Así, si se calcula este valor por la producción total de crudo y condensados, se obtiene una renta petrolera inicial de u$s7.392,7 millones, conformada por u$s984,5 millones en regalías a las provincias productoras y u$s6.408,2 millones en ingresos a las empresas.

En el documento de debate, Lozano y su equipo reconocen que durante la segunda parte de 2019, y congelamiento mediante, las empresas pararon muchos equipos de perforación, lo cual impactó sobre la ya delicada situación de las inversiones en exploración, que cayeron 12% adicional en relación a 2018. Pero también aseguran que la situación pone en escena la aversión del empresariado a tomar riesgos en materia de inversiones, así como las presiones por obtener subsidios y ajustes de precios.

«Lo cierto es que, entre 2008 y 2019, el monto global de subsidios transferidos al conjunto de las empresas hidrocarburíferas se ubicó en la friolera de u$s23.980 millones», señaló el informe del IPyPP.

Fuente: iProfesional

A %d blogueros les gusta esto: