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Espionaje ilegal: “Políticamente ya es evidente la responsabilidad del gobierno de Macri”

Por Leo Vázquez | El miércoles, en Lomas de Zamora, el amigo de Macri que fungió como jefe de la Agencia Federal de Inteligencia declaró como imputado en una de las causas por el espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Cambiemos. Gustavo Arribas dijo que se enteró por televisión del seguimiento sobre el Instituto Patria. Dijo también que él no impartió esas órdenes y que las actividades, de todas formas, eran legales, instruidas en una causa en la que la AFI había denunciado posibles riesgos en las cumbres de la Organización Mundial de Comercio y del G-20.

Explicó que la “Señora 8”, Silvia Majdalani, la segunda del organismo, era la encargada del funcionamiento ejecutivo y cargó fuerte contra el ex director de Contrainteligencia, Martín Coste, quien los había dejado mal parados a los dos en su presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. Coste vuelve a declarar hoy ante el juez Juan Pablo Augé.

En las últimas horas, el ex director de Operaciones Alan Ruiz presento un escrito en el que se desdijo de su declaración anterior y aseguro que no recibió «órdenes directas» de la ex subdirectora del organismo.

Luego del desplazamiento del juez Villena, tanto Arribas como Majdalani y las defensas de los espías acusados buscan que la causa pase a Comodoro Py.

En ese marco, las preguntas sobre el espionaje macrista se reiteran y se multiplican: ¿Es posible democratizar la inteligencia? ¿Es posible interceptar los lazos que componen la siniestra tríada política-inteligencia-justicia, para evitar el armado de causas y persecuciones de todos los colores? ¿Estas investigaciones se estudiarán en los libros de historia Argentina o quedarán en los archivos de la anécdota periodística?

Paula Litvachky es la Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es abogada especializada en la relación entre la justicia penal y las políticas de seguridad, el rol de los tribunales y el Ministerio Público Fiscal, la participación de la sociedad civil en la administración de justicia, entre otras temáticas vinculadas.

En esta entrevista con Canal Abierto habla sobre los últimos movimientos en los expedientes judiciales que impulsaron las denuncia de la interventora Cristina Caamaño, sobre el nefasto histórico funcionamiento antidemocrático de los sistemas de inteligencia, sobre el proyecto de ley de reforma integral que el organismo está escribiendo junto a otras organizaciones, y sobre la importancia de incorporar la voluntad social a las decisiones.

“Sorprende un poco el nivel de berretada, pero no que haya habido un aparato de inteligencia tan expandido y funcionando en la absoluta ilegalidad”, asegura.

Arribas dijo que se enteró por la TV que sus agentes espiaban a Cristina Fernández. ¿Es posible que el jefe no supiera de estas tareas?

-Puede pasar que un jefe no sepa lo que están haciendo algunos, pero no parece ser lo que se está viendo en este caso. Lo que se está viendo ahora parece algo que estaba definido desde arriba, en términos políticos. Claro que después va a entrar la discusión sobre qué cosas se van a poder probarle a él específicamente, pero ya hay varios testimonios que indican que él estaba al tanto e incluso había dado algunas órdenes. Lo que se va a discutir es si esas órdenes fueron para tareas de inteligencia ilegal o si fueron, como dice él, ordenes legales para prevenir riesgos de desestabilización.

Hay lugares en la estructura jerárquica en los que se pueden reprochar penalmente ciertas cosas, aunque el acusado no conozca realmente el detalle de las actividades de sus subalternos. Es decir, no es necesario que sepa el detalle sino que alcanza con que haya dado la orden buscando un resultado, por eso, esa no es una defensa fuerte. En términos políticos es más evidente, sobre su responsabilidad política no hay ninguna discusión.

En esa dirección, ¿ven posible que la escalada de responsabilidades penales pueda llegar hasta Macri, o los dispositivos de compartimentación que suelen existir pueden mantenerlo a resguardo en la causa?

– Los cortafuegos están afuera de la estructura de inteligencia y son más bien para las responsabilidades de los que tienen roles políticos, y políticamente ya es evidente la responsabilidad del gobierno de Macri por distintas razones como las decisiones que se tomaron, la relación de Arribas con Macri, porque los pedidos de acceso a la información que nosotros hicimos se los hicimos en su momento a Jefatura de Gabinete que validó las respuestas de la AFI por completo, incluso validó que la respuesta sea secreta, y porque el esquema de seguridad del G-20 y la OMC fue una mesa armada desde el ministerio de Seguridad donde la AFI  participaba formalmente.

Hay que juntar las distintas causas para pensar un mapa general. La de Lomas de Zamora es la más rica en términos de historias por el tipo de espionaje que se está descubriendo, pero la de la OMC, la de los periodistas y referentes sociales es muy importante para entender que la orientación política de la AFI estaba decidida desde las jerarquías, entonces no es escindible la cuestión de la inteligencia política -la causa de Lomas de Zamora- de la inteligencia social y periodística por cuestiones de opiniones o ideologías -la causa de la OMC y el G-20-. Son hechos delictivos distintos pero desde el punto de vista político es parte de la misma discusión, y eso es lo que pone en evidencia que la mirada sobre la Agencia de Inteligencia era compartida por lo más alto del gobierno de Macri. Arribas dice parte de esto cuando declara el miércoles, livianamente, que habían armado esta red de inteligencia sudamericana, que se basaba en el secreto, un montón de cosas que evidencian la postura ideológica, política y de negocios sobre lo que tenía que hacer la Agencia, reprochable políticamente y contrario a nuestra legislación.

Leopoldo Moreau (presidente de la Comisión Bicameral), dijo que no cree que “en el ámbito estrictamente del Poder Judicial esta situación se esclarezca”; otros especialistas aseguran que la estrategia de la defensa apunta a que la causa pase a Comodoro Py. ¿Qué mirada tiene sobre el rol que pueda jugar el Poder Judicial en estas causas?

– Yo comparto que durante todos estos años gran parte del problema de que haya avanzado una estructura de inteligencia de este modo fue que el Poder Judicial, sobre todo el Federal, algunos jueces y fiscales estaban muy involucrados en este mismo esquema; la discusión sobre qué parte de este espionaje ilegal se hacía bajo la cobertura de causas judiciales, y que el área más importante de la AFI en la gestión de Macri con Arribas y Majdalani era Asuntos Jurídicos, eso es muy significativo, porque el peso que tenía en este tipo de funcionamiento el sistema político asociado a la inteligencia, era a través de operaciones con las causas judiciales.

Lo que uno puede tener de expectativa con el Poder Judicial es que se abran cosas que eran secretas, que se conozcan muchas cosas.

Esto interpela a todo el sistema político argentino y es fundamental ponerlo en discusión en forma más amplia, incluyendo la discusión social.

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¿Cómo se puede incorporar la discusión social y los factores democratizantes en esto?

– Hay que hacerlo para que no se encapsule todo en las causas judiciales, que el Congreso intervenga en lo legislativo y que la Comisión Bicameral modifique sus reglas, que las organizaciones sociales y los partidos políticos entiendan que este es un tema de primer nivel, para la competencia política por un lado pero sobre todo para el funcionamiento de la democracia.

Las asambleas infiltradas, la cuestión sobre la protesta, que la Agencia empiece a trabajar sobre la base de la publicidad, un proceso de depuración y desclasificación de documentos para conocer cómo vino funcionando esto históricamente. Toda la discusión sobre inteligencia y dictadura está pendiente, y no es una casualidad.

¿Todo esto fue posible gracias a la estructura que ya existía, es decir, hicieron abuso de prácticas ya existentes o diseñaron mecanismos nuevos?

– No creo que hayan diseñado algo nuevo, pero sí lo redefinieron. Cómo se amplió la estructura de Jurídicos, o cómo se armaron estas estrategias vinculadas  a la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico cuando en realidad estaban haciendo espionaje político. Llevaron a un extremo prácticas que uno veía de antes: la relación con el Poder Judicial es vieja, pero el armado de una Mesa Judicial en el propio Poder Ejecutivo en la que no se entiende bien que hacían, ese sí es un dato nuevo.

Hay una mezcla entre practicas históricas y esto llevada al extremo, pero lo que hay es un proyecto ideológico, una propuesta política planteada por el macrismo desde el primer momento.

Desde que Macri pone a la “guerra contra el narcotráfico” en sus tres temas más importantes -no logró ninguno-, esto derivó en un pensamiento sobre el Estado y el aparato represivo estatal que tiene que ver con expandir el sistema de inteligencia, otorgarle funciones policiales y que intervenga sobre el sistema político, la disidencia, las relaciones sociales y las relaciones internacionales con la lógica de defensa de la seguridad nacional, que es algo que Bullrich decía todo el tiempo, esa perspectiva ideológica política es nueva, no lo recuerdo ni siquiera con el menemismo.

Lo que se conoció del Servicio Penitenciario, policías todos cruzados interviniendo para la AFI, eso sí es un extremo, con derivaciones institucionales muy importantes.

¿Cuáles son las bases del proyecto que están diseñando desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI)?

– Nuestra propuesta es modificar casi absolutamente la lógica de funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia y repensar el sistema en términos generales, dividirlo, fragmentarlo lo máximo que se pueda para que haya controles cruzados, pasar de la lógica del secreto a la lógica de la publicidad y que en todo caso las cuestiones secretas sean excepcionales y justificadas, con una política importante de desclasificación y depuración de archivos, con una mirada más asociada a la inteligencia estratégica nacional separada de la idea de defensa del Estado, que pase por otros valores como los derechos, las garantías y el bienestar, por el desarrollo. Y con una reingeniería del sistema de controles que tiene que ser muy profunda, con controles internos, políticos, parlamentarios y de la sociedad civil, con una ley de privacidad y la discusión sobre las escuchas.

Esto va a derivar necesariamente en una redefinición de lo que es la inteligencia criminal, asociada a las policías, porque lo que estuvo pasando durante este tiempo es que la AFI funcionaba con funciones, como le llamó Arribas, “operativas”, del tipo de una policía, totalmente distorsionado de lo que debería ser la inteligencia que es más bien el análisis de información estratégica.

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¿Cuáles son esas tareas en las que sí se justifica el secreto?

– Hay que hacer una redefinición de los criterios, pero tiene que ver con secretos que puedan poner en juego algún interés estratégico nacional. Pero esas formas de intervenir deberían ser las más limitadas y al mismo tiempo no es necesario que sean secretas para siempre, se pueden reservar ciertos fondos para una intervención muy concreta y hacerlo público una vez que finaliza la operación, por ejemplo. Pero ahora es todo secreto, hasta la persona que sirve el café, los empleados públicos administrativos. Esas cosas está cambiando la intervención.

¿Te sorprendió lo que se empezó a revelar en las causas?

– ¡No me sorprendió para nada! Por ejemplo, sobre la causa de la OMC y el G-20 teníamos los casos nuestros del habeas data y de acceso a la información que están en la Corte y lo que sospechábamos es que ahí había habido inteligencia ilegal, no lo podíamos probar pero lo dijimos en los escritos.

Cuando se conoció lo de D’Alessio más o menos se entendió como funcionaba. Todo lo que tiene que ver con la relación con el Poder Judicial yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo, sorprende un poco el nivel de berretada, eso sí, pero no que haya habido un aparato de inteligencia tan expandido y funcionando en la absoluta ilegalidad.

Fuente: Canal Abierto

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